El sector inmobiliario reclama una deducción del 50% del IVA en la compra de viviendas eficientes
Expertos del sector inmobiliarios apuestan por la introducción de incentivos fiscales en las operaciones de adquisición de vivienda y rehabilitación, pero reconocen la necesidad de llevar a cabo este impulso "con moderación" y de que estas medidas "tengan fecha de caducidad".
Según recoge el libro La vivienda: impuestos y otras políticas fiscales, editado por la Fundación Impuestos y Competitividad en colaboración con la Asociación de Promotores Constructores de España (APCE), los objetivos de estos incentivos han de ser la "reactivación del sector de la construcción, la rehabilitación y regeneración urbanas y la mejora de la eficiencia energética".
De este modo, se propone la introducción de una deducción porque, a pesar de suponer un menor ingreso en el impuesto, acarrea un gasto de gestión "mucho menor" que el asociado a las subvenciones y ayudas directas.
La nueva deducción que, debería tener una vigencia de entre seis y 10 años, podría tener dos vertientes diferentes. La primera se correspondería con permitir a aquellas personas que hayan realizado una obra en la vivienda, de cara a la mejora de la eficiencia energética de la misma, la deducción de un porcentaje de la cantidad invertida.Por otra parte, se aboga, como ocurre en Italia por la introducción de un "fuerte incentivo" fiscal a la adquisición de viviendas de clase energética A o B. La deducción en el IRPF del 50% del IVA pagado por el comprador de ese tipo de vivienda supondría un "impulso" al sector inmobiliario e iría en la línea de los objetivos de la Unión Europea (UE) en el Horizonte 2020.
El ladrillo, el "gran olvidado"
En las conclusiones del libro se apunta que el sector inmobiliario y de la construcción, al que las políticas públicas "han amparado" durante años con el objeto de convertirlo en el principal motor de la economía, ha pasado a ser el "gran olvidado" de aquéllos que en otra época "lo potenciaron por encima de cualquier otro".
De esta manera, se apunta que se ha producido la "supresión" de incentivos fiscales al sector y una "nula" política de gasto público en vivienda de ámbito estatal, para agregar que "no deberíamos demonizar a uno de los sectores que más empleo ha generado en España, tanto directo como indirecto".
En el texto se reconoce que la solución no tiene que pasar únicamente por el establecimiento de nuevos incentivos fiscales, aunque alertan de que tras la eliminación de los que existían y que estimulaban la demanda "no se han introducido ayudas ni subvenciones directas destinadas a facilitar el acceso al crédito, principal obstáculo a la adquisición, como sí han hecho otros países de la Unión Europea".
Además, en el libro se defiende una estrategia de política económica que suponga a un cambio en la relación entre las autoridades públicas y la industria de la construcción, asegurando un beneficio tanto para el Gobierno como para el país, consiguiendo la infraestructura social y económica necesaria para asegurar la "prosperidad del sector en el largo plazo".